Muchos inquilinos españoles se sienten desprotegidos ante la inflación. A la subida del coste de vida que afecta a todo el mundo, en su caso se suma un incremento de la vivienda que no pueden asumir. El Gobierno trató de evitarlo con un tope al 2% en las actualizaciones de renta que estará vigente hasta finales de año. Pero toda norma tiene excepciones y María Antonia, Esteve o Ainhoa son ejemplos de esas fisuras. También Ramón Bultó, de 54 años: “Es increíble que algo así sea legal y esté cubierto por la Ley de Arrendamientos Urbanos”, dice sobre la situación que están atravesando él y algunos de sus vecinos en un barrio de las afueras de Getafe (Madrid). Sus alquileres, en origen con protección oficial y, por lo tanto, con una limitación de precio, perdieron esa condición el 3 de octubre. Eso significa que tienen que firmar nuevos contratos y las rentas pueden aumentar libremente.
El casero de Bultó y sus vecinos es Fidere, una empresa del fondo Blackstone que compró los pisos en 2014. “Mi caso es de los menos graves porque me quieren subir solo un 40%”, dice entre la preocupación y el sarcasmo. Como él, más de una treintena de vecinos se han sumado en los últimos meses (recibieron las notificaciones en julio) al Sindicato de Inquilinas de Madrid. Los carteles que cuelgan de los edificios de la urbanización dejan claro que se han declarado “bloques en lucha”, como denominan en las organizaciones de arrendatarios a las protestas colectivas frente a un propietario. Un portavoz de Fidere destaca que las condiciones que ofrece “cumplen escrupulosamente la legalidad”.
Casos como este quedan fuera del alivio que supone que, desde marzo, se limitara al 2% las subidas en las revisiones anuales, que normalmente se hacen tomando como referencia el IPC, pero que lleva meses disparado (un 8,9% en septiembre). Tampoco se verán beneficiados los arrendatarios cuyos contratos de cinco años finalicen ahora: después de ese periodo (siete años si el arrendador es una empresa), el casero puede extinguir el contrato y exigir la firma de otro con la renta que estime más conveniente, sin topes. Y ponerse a buscar piso es cada vez más complicado en un mercado del alquiler con precios que no paran de subir y una oferta limitada.
Nuevos contratos y más caros
La decisión de firmar un contrato nuevo al término del periodo máximo permitido por la ley, con un nuevo precio más caro, está sucediendo con más asiduidad de la normal. “Vemos mucha destrucción de contratos al término de la prórroga forzosa [los cinco años obligatorios] que en condiciones normales se alargarían; pero el propietario lo rompe para poder subir el precio”, sostiene Antonio Carroza, presidente de la compañía Alquiler Seguro. Un estudio de su compañía ha detectado un repunte reciente de la morosidad y la relaciona con la inflación. “Estamos casi convencidos de que está provocado por las tensiones de precios”, apunta el directivo, quien deja claro que es partidario “de la autorregulación” del mercado y no le gusta el límite del 2%.
Su punto de vista no es una extrañeza en el sector inmobiliario, que en su día se quejó del perjuicio para los caseros y alertó de una posible caída de la oferta y, como consecuencia, una subida de precios. La profecía se ha cumplido solo a medias. La medición de la oferta es complicada: portales como Idealista sí detectan menos anuncios, pero ya pasaba antes de la nueva norma y parece deberse a las alteraciones de la pandemia. Lo que sí ha sucedido, aunque tampoco está claro que sea por el límite del 2%, es que los alquileres se han puesto por las nubes. Un total de 35 capitales han alcanzado este verano su máximo histórico, según Idealista, muchas con subidas de precios anuales que superan el 10%. Y Fotocasa observa el mismo fenómeno en 10 comunidades autónomas.
Un mercado así, tan “loco”, desanima a inquilinos como Esteve González, de 31 años. En febrero de 2021 comenzó a vivir en un piso en el centro de Barcelona. Lo comparte con dos compañeros —“gente joven con trabajos precarios”, se autodefine— y en febrero recibieron una notificación comunicándoles una subida de 80 euros sobre un alquiler de 1.200, casi un 7% más. De haberse aplicado el límite del 2%, que entraría en vigor al mes siguiente, el incremento serían 24 euros. “Es un robo”, afirma, “antes ya me suponía destinar un 40% de mi sueldo a la casa”. “Ahora todo es más caro: la luz, el agua o la comida no las paga la propiedad, lo pagamos nosotros; y encima ahora tenemos que dar 80 euros más”, lamenta.
El Ministerio de Transportes, que regula las políticas estatales en materia de vivienda y se ha comprometido con los afectados a mediar en casos como el de los vecinos de Getafe, defiende que la norma de marzo difícilmente podía evitar ciertas situaciones. Aplicarla retroactivamente, señala una portavoz, “conllevaría una gran inseguridad jurídica”. En cuanto a limitar el precio cuando se pasa de un contrato a otro, la misma fuente recuerda que “está contemplado en el proyecto de Ley de Vivienda” para las áreas tensionadas (aquellas donde la Administración detecta un fuerte encarecimiento de las casas). Por eso, remite a esa negociación, un foco de tensiones entre el PSOE y sus socios parlamentarios, para acordar “medidas estructurales” frente a lo que se aprobó en marzo: una “medida extraordinaria” que caduca el 31 de diciembre. Aunque si se acerca esa fecha y no cambian las circunstancias, “se irán valorando las posibles acciones a tomar”.
“No me voy a mover de aquí”
De vuelta al barrio de las afueras de Getafe, en un banco delante de los edificios, espera Raquel Martín, de 46 años. A ella no le piden un aumento de la renta, pero pertenece al sindicato de inquilinos y ejerce como portavoz de los vecinos: “Están vulnerando el artículo 47 de la Constitución [el que habla del derecho a una vivienda digna]”, asegura. A su lado se sienta María Antonia, de 75 años, que pide omitir su apellido. Cuenta que paga 424 euros por un piso de una habitación y le piden 840 euros, casi un 100% más. “No me voy a mover de aquí, me parece que no es un porcentaje normal”, se queja.
Un portavoz de Fidere alega que los afectados “son conocedores de que el programa de protección que han disfrutado durante 10 años tenía una limitación temporal”. De las 84 viviendas en esa situación, 30 “han realizado la renovación de su contrato de alquiler a rentas alineadas con los precios de mercado”, indica la misma fuente, que destaca que las condiciones “cumplen escrupulosamente la legalidad”. “Fidere es sensible a la situación económica de algunos de sus inquilinos y ha establecido un protocolo para trabajar con familias en una situación socialmente vulnerable”, agrega.
Los vecinos que se han rebelado contra las subidas no cuestionan que su casero actúe dentro de la ley. Pero sí creen que no se tienen en cuenta sus circunstancias. Ainhoa Rivas, de 35 años, llegó a pagar la diferencia de fianza que le pedían para adaptarla al nuevo precio. Pero luego se dio cuenta de que lo que le proponían no era pasar de una renta de 520 euros a otra de 670. A eso hay que añadir el IBI y gastos de comunidad (que los propietarios pueden repercutir en el inquilino y que en el caso de las viviendas protegidas estaba ya incluido en ese precio limitado), con lo que la mensualidad subía a 830 euros. “Mi sueldo no llega a 1.200 euros la mayoría de los meses”, cuenta, “el último recibo de la luz me ha venido de 70 euros y el diésel está a casi 2 euros”. Frente a esa asfixia económica que relata, no halló la respuesta que esperaba del propietario: “Me dijeron que no soy vulnerable porque con mi sueldo la renta representa un 45%”.