El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a un convenio entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) y la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) para construir más de 17.000 viviendas en régimen de alquiler social en suelo público, que se irán incrementando con el tiempo. Estas viviendas, una vez terminadas, pasarán a manos del Ministerio, que las cederá a las comunidades autónomas para su gestión.
La empresa Sepes se ha caracterizado principalmente por el desarrollo de suelos industriales, pero a partir de esta legislatura el Mitma ha empezado a encargarle la construcción de promociones de vivienda social en alquiler por iniciativa pública, ya que "el acceso a la vivienda se está viendo especialmente limitado en determinados territorios debido a la escasez de oferta y el incremento de precios", explica el departamento que dirige Raquel Sánchez en una nota.
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El objetivo de la iniciativa, en consecuencia, es "incrementar el parque de viviendas en alquiler a precios asequibles o sociales y así facilitar el acceso a una vivienda digna a las familias o unidades de convivencia con ingresos limitados, principalmente en aquellas zonas donde el mercado del alquiler esté especialmente tensionado", añade el texto.
El Ministerio traspasará este año a Sepes 115,3 millones de euros, incluidos en los Presupuestos de 2022, que serán asignados por actuaciones, conceptos y anualidades. El año que viene, la transferencia de fondos aumentará hasta los 260 millones de euros, tal y como consta en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2023 aprobado la semana pasada en Consejo de Ministros.
Según ha explicado el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, en un acto de la Fundación Alternativas, "se han ido sucediendo los diferentes encargos y ha llegado un momento en que era lógico y necesario establecer un convenio marco entre el ministerio y Sepes para que el encargo quede formalizado y pueda ir asumiendo nuevos encargos, porque estas 17.000 viviendas se irán incrementando con el tiempo.
Lucas ha englobado estos encargos dentro de las acciones que lleva a cabo el ministerio para impulsar la vivienda social y asequible y ha recordado que su objetivo es alcanzar las 100.000 unidades por distintas vías, ya sea a través de la iniciativa pública o en colaboración con el sector privado.
Tras apuntar que el proceso de construcción es largo y que existe una necesitad de "soluciones habitacionales más inmediatas", Lucas ha señalado que una parte de esas viviendas se están acordando con el Fondo Social Bancario, que tiene 11.000 viviendas ya habitadas, con la Sareb o a través de la colaboración público-privada, para lo cual hay un programa en el Plan Estatal de Vivienda 2022-2025 por el que las entidades privadas pueden ceder casas a las administraciones.
El Mitma lleva trabajando desde hace cerca de dos años para nutrir el mercado del alquiler asequible en España con 100.000 nuevas viviendas durante la legislatura. La cifra, que multiplica por cinco el objetivo inicial del Ejecutivo, es el resultado de sumar los inmuebles del Plan 20.000 con la movilización proveniente de la Sareb y el sector bancario, por un lado, y la de los grandes propietarios y fondos con los que negocia el Gobierno, por otro. En esta cuenta también entrarían las casas construidas con cargo al fondo de recuperación europeo.
Según los cálculos de la cartera de Raquel Sánchez, el parque de vivienda social del ministerio rondará las 44.000 viviendas, mientras que unas 56.000 procederán de la colaboración público-privada.
En lo relativo a la colaboración público-privada (las 56.000 casas), unas 11.000 vendrían del fondo social de vivienda acordado entre el Gobierno y la banca. En paralelo, la gestión de otras 15.000 viviendas está transmitiéndose a las entidades regionales y locales para su alquiler social.
Por último, las negociaciones entre el Gobierno y los grandes tenedores de vivienda, entre los que se encuentran fondos, gestoras y promotoras, servirán para que los propietarios pongan a disposición del plan un porcentaje significativo de su parque de vivienda para el alquiler asequible y social, que el Ministerio estimó hace algo más de un año en 30.000 viviendas.