Era algo que ya se estaba debatiendo en el seno del Gobierno. El PSOE buscaba una limitación y Unidas Podemos una congelación total. Se ha impuesto finalmente la tesis del primero: las revisiones de los alquileres durante los próximos tres meses tendrán un límite del 2%, según ha anunciado el presidente Pedro Sánchez .
Esto significa que aunque el IPC sea del 7% o incluso del 10%, como algunos economistas vaticinan para los próximos meses, el propietario solo podrá revisar la renta anual hasta el 2% y no conforme a la inflación, como es habitual.
La Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval) clama contra la medida, que considera «artificial» y afirma que sería más apropiado dejar margen hasta la inflación subyacente. Y lanzan varias advertencias al Ejecutivo.
«La medida generará inseguridad jurídica porque es cuestionable que los efectos de una ley ( Ley de Arrendamientos Urbanos ) puedan limitarse de manera sustancial mediante un real decreto-ley», ha señalado la organización. En este sentido, exigen al Gobierno que, en todo caso, se trate de una medida temporal y no permanente, como con los decretos antidesahucios.
Más allá de ello, el remedio amenaza con ser peor que la enfermedad, como sostienen en Asval. «El sector del alquiler, como industria, también está sufriendo la subida de costes, como en electricidad, gas y materiales. Medidas de este tipo, junto a la inseguridad jurídica, solo provocarán, en el medio y largo plazo, una limitación y encarecimiento de la oferta de vivienda en alquiler », han afirmado.
Todo ello en un comunicado en el que se lanza un dardo a la función que debe cumplir el Gobierno: «Se carga a los propietarios de vivienda en alquiler con el problema social de la vivienda, cuando es responsabilidad de las Administraciones Públicas».
Desde Fotocasa, por su parte, consideran que una medida como esta puede generar efectos perjudiciales, al contrario de lo que se busca. Y avisan de que no se puede dejar tirado a una parte de la sociedad: «Ambas partes del contrato merecen medidas excepcionales (arrendadores y arrendatarios). La responsabilidad de las subidas de precios no debe recaer de nuevo sobre los propietarios particulares, ya que la situación económica y de mercado global no depende de ellos. Por el contrario, el arrendatario sí que decide si pone su vivienda en el mercado del alquiler, y si se encuentra en un ambiente desincentivador con modificaciones de la normativa continuas, es probable que prefiera el mercado de la compraventa y pueda llegar a retirar su vivienda del alquiler, lo que contraería aún más la oferta».
El subdirector general de Donpiso.com, Emiliano Bermúdez, opina por su parte que «siempre que se toman este tipo de medida los propietarios responden y deciden no alquilar y vender». Bermúdez considera que «si esto es una medida coyuntural» puede ser positiva, pero advierte que el «Estado se está acostumbrando al intervencionismo del sector inmobiliario y medidas que en principio parecen coyunturales se vuelven finalmente estructurales». El subdirector general de Donpiso pone de ejemplo la ley de vivienda, que propone a las comunidades una limitación de los alquileres.